Recientemente se hizo público un documento sobre la situación de Bolivia, elaborado por la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard¹. Es el resultado de seis meses de investigaciones, e incluye testimonios y entrevistas a más de doscientas personas. Señala que bajo el actual gobierno “…la violencia promovida o respaldada por el Estado, la limitación de la libertad de expresión y las detenciones arbitrarias, han contribuido a un clima de terror y desinformación que ha socavado el Estado de derecho y la perspectiva de unas elecciones justas y abiertas…”.
Identifica además cuatro áreas en las cuales las actuales autoridades han violado derechos humanos:
1) Violencia de Estado contra manifestantes
2) Falta de investigaciones imparciales y acceso a la justicia
3) Persecución de disidentes
4) Violencia ciudadana y paraestatal
Desde la Plataforma por los Derechos Humanos-Santa Cruz señalamos que el tenebroso panorama descrito se agrava con la sistemática difamación a determinados sectores de la población por parte de diferentes autoridades, lo que ha exacerbado un clima de odio, confrontación, discriminación y racismo explícito.
Nos parece necesario observar que en ocho meses el gobierno de facto ha demostrado una única y notable eficiencia en todo lo relacionado con políticas de represión, amedrentamiento, amenazas y persecución, sea por parte de ministros de Estado, medios de comunicación aliados o fuerzas policiales y militares. Dicha efectividad contrasta de forma llamativa con la improvisación, negligencia e incapacidad de gestión demostradas en ámbitos vitales para el bienestar de un país como los de la salud, educación, seguridad social y empleo, a lo que se suma el aparente errático rumbo económico y financiero, con publicitadas danzas de millones, oscuras administraciones de empresas nacionales, y endeudamientos con destino dudoso.
El cuadro que sintetizamos, que expone un escenario de múltiples y sostenidos atropellos a derechos humanos elementales, no puede dar otro resultado que un país quebrado e inviable, sin soberanía real y con inmensas porciones de su población a la intemperie, pero a la vez como presa fácil de grupos de poder locales y extranjeros. Estas condiciones son las que hoy movilizan a organizaciones y pueblos para encontrar de forma responsable una salida pacífica a la crisis de violencias estatales sistemáticas. En ese sentido, la demanda de elecciones es legítima, legal e impostergable.
Identifica además cuatro áreas en las cuales las actuales autoridades han violado derechos humanos:
1) Violencia de Estado contra manifestantes
2) Falta de investigaciones imparciales y acceso a la justicia
3) Persecución de disidentes
4) Violencia ciudadana y paraestatal
Desde la Plataforma por los Derechos Humanos-Santa Cruz señalamos que el tenebroso panorama descrito se agrava con la sistemática difamación a determinados sectores de la población por parte de diferentes autoridades, lo que ha exacerbado un clima de odio, confrontación, discriminación y racismo explícito.
Nos parece necesario observar que en ocho meses el gobierno de facto ha demostrado una única y notable eficiencia en todo lo relacionado con políticas de represión, amedrentamiento, amenazas y persecución, sea por parte de ministros de Estado, medios de comunicación aliados o fuerzas policiales y militares. Dicha efectividad contrasta de forma llamativa con la improvisación, negligencia e incapacidad de gestión demostradas en ámbitos vitales para el bienestar de un país como los de la salud, educación, seguridad social y empleo, a lo que se suma el aparente errático rumbo económico y financiero, con publicitadas danzas de millones, oscuras administraciones de empresas nacionales, y endeudamientos con destino dudoso.
El cuadro que sintetizamos, que expone un escenario de múltiples y sostenidos atropellos a derechos humanos elementales, no puede dar otro resultado que un país quebrado e inviable, sin soberanía real y con inmensas porciones de su población a la intemperie, pero a la vez como presa fácil de grupos de poder locales y extranjeros. Estas condiciones son las que hoy movilizan a organizaciones y pueblos para encontrar de forma responsable una salida pacífica a la crisis de violencias estatales sistemáticas. En ese sentido, la demanda de elecciones es legítima, legal e impostergable.
Adhieren este pronunciamiento
Encuentro Social Alternativo Santa Cruz
Plataforma de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres Santa Cruz
Casa de la Mujer
Colectivo Rebeldia
Ecam
Frente Revolucionario de la Diversidad
GR Generación Revolucionaria
Movimiento de Educadores Populares
Feminismo Comunitario Antipatriarcal
Generación Evo
Colectivo Plurinacional Comunitario
Movimiento Guevarista Santa Cruz
Columna Sur
Videoteca Barbarroja
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