La Plataforma por los Derechos Humanos de Santa Cruz, amparada en la Constitución Política del Estado (Art. 21-22), que consagra los derechos civiles y políticos: “a expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva” y consciente de que “la dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado”; en ese marco de respeto y garantía de los derechos de las personas y los pueblos expresa su solidaridad con las mujeres, las niñas/os, las/os jóvenes, las familias de los barrios, las comunidades y pueblos indígenas, quienes en medio del clima de precariedades y zozobras, ante la ausencia de respuestas a sus necesidades de alimento, salud, educación y trabajo, soportan la escalada de amenazas de las mismas autoridades “garantes” de los derechos constitucionales que asisten a la población boliviana.
