Subversivo, conspirador, desestabilizador, desinformador, con cuál de éstos estigmas las autoridades pretenden criminalizar a quienes en una acción de autonomía y libertad de expresión, visibilizan la precaria cotidianeidad y las resistencias en los barrios y las comunidades, ante las medidas adoptadas por el gobierno para prevenir el contagio del coronavirus. Estamos en cuarentena pero no sordas, ni mudas, ni ciegas, nadie puede negar el clamor de las mujeres quienes en primera fila, se manifiestan contra los impactos diferenciados de las medidas sanitarias y militares.
Desde el 25 de marzo, 2020, las personas según el último dígito de su carnet pueden salir del encierro para abastecerse de alimentos, cobrar la renta dignidad y los bonos solidarios, sin embargo, la medida no considera algunas particularidades: las comunidades que están alejadas de los centros urbanos, donde no existen bancos ni servicios públicos y donde el transporte en tiempos “normales” es ya esporádico, qué decir en tiempos de pandemias y militares quienes parapetados en los puestos de control impiden el desplazamiento de las personas haciendo gala de su poder; otro problema, las personas indocumentadas, sobre todo, aquellas de origen indígena, campesina y poblaciones en situación de pobreza, nunca podrán beneficiarse con las medidas. Mientras tanto, el hambre se campea por los barrios y las comunidades, convirtiendo a sus habitantes en sediciosos cuando intentan llenar las ollas y en blancos fáciles, no sólo del coronavirus, sino de cualquier otra enfermedad, reflejar estas verdades se volvió conspirativo y de alto riesgo. El Ministro Arturo Murillo, con ese orgullo propio de quienes viven de espaldas al pueblo, informó que mediante el patrullaje virtual que encabeza, se identificó a “67 desinformadores” en las redes, la Fiscalía los aprehendió y 37, ya tienen condena, las sanciones pueden ir de 2 a 10 años de privación de libertad, sorprendente la rapidez del Ministerio Público, no es casual que las fuerzas represoras, fiscales, policías, militares y guardias de todas las entidades territoriales autónomas, se den la mano para controlar y obstaculizar la libertad de expresión, en un intento de evitar las demostraciones que develen el fracaso de unas medidas que no parecen resolver el hambre y las necesidades sanitarias de la gente. Pese a toda advertencia y pronóstico, todos los días, durante la cuarentena, la gente de los barrios populares sale a las calles con sus ollas vacías, las largas filas en las puerta de los bancos, la denuncia permanente de que las canastas de alimentos no llegan, demuestran que el gobierno no tiene la capacidad para comprender lo pluri-multi y la pobreza del país, y, en lugar de reconocer humildemente sus debilidades, saca a las calles a los uniformados pretendiendo crear un clima de temor y paralización. Combatir un virus, por más fuerte que éste sea, no justifica el uso de la fuerza, tampoco oculta la incompetencia de quienes autorizan su uso, las amenazas, la metralla en la mano, el poder ilimitado y libre de todo control, son prácticas que se corresponden con regímenes autoritarios y dictatoriales que juegan con la intimidación para sentirse legitimados y respetados por la población. Escribir esto no es negar la necesidad y urgencia de las medidas preventivas al coronavirus, tampoco es una incitación a la desobediencia, es un acompañar el clamor de miles de mujeres que con la metáfora de las ollas vacías exigen el cumplimiento de sus derechos más elementales, acompañadas muchas de ellas de sus hijxs, con sus compañeros y personas de la tercera edad, ahí las vemos todos los días en las esquinas de la sedición batiendo sus ollas, o reuniendo fuerzas y voluntades para sobrevivir con un locro colectivo. Ante este panorama exigimos a las autoridades nacionales, departamentales y municipales cumplir con su rol de garantes de derechos y en lugar de reprimir y amenazar, considerar que nuestra Bolivia es tan diversa que no todos pueden “quedarse en casa” aunque los militares salgan a las calles vestidos con trajes de combate.
Plataforma por los Derechos Humanos Santa Cruz
Adhesiones
Asociación Civil Equidad de OruroFundación Divergencia
Colectivo Rebeldía
Encuentro SOCIAL Alternativo
ADESPROC LIBERTAD
G.Men.V. - Tarija
Las Mochas Copleras
Casa de la Mujer
Campaña 28 de Septiembre - Santa Cruz
Campaña 28 de Septiembre - Pando
MEPB
Alianza Libres de Violencia - Pando
Fondo Apthapi Jopueti
La Plataforma de lucha contra la violencia hacia las mujeres - Santa Cruz
Organización de mujeres Indígenas - Ramada
Conbojuv
Colectivo - Las Adelas
Colectivo Plurinacional Comunitario - La Paz
Colectivo Juvenil "Llajua Roja" - La Paz
Asofamd
RED LB- Santa Cruz
Ecam
Red Cladem - Bolivia
Fundación Baker
Campaña 28 de Septiembre - Beni
Colectiva - La Pesada Subversiva disidente sexual y transfeminista
Psinergia - Bolivia
Asociación Colmena Juvenil
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